La irrupción de la cocaína en el escenario mundial coincidía con la llegada al poder de Reagan y Thatcher, y la consecuente deriva neoliberal del capitalismo hacía la sumisión total del Estado al mercado caótico y la vorágine privatizadora de muchos servicios públicos. Don dinero comienza a fluir y a surcar los mercados globales e interpelar todas las facetas de la vida, con la cocaína como compañera de viaje a modo de “suplemento proteínico” que ayuda a soportar el torbellino que arrastran los nuevos tiempos. Vidas rápidas en constante ebullición se apoyan en la droga para no desaprovechar tiempo, reducir el lastre del descanso, estar siempre atento, despierto y no dejar pasar ninguna oportunidad que se nos presente; el tiempo realmente se convierte en oro.
Lejos de haber dejado atrás el protagonismo central que goza la cocaína en nuestras sociedades en los últimos 30 años, con el estallido de las nuevas tecnologías y el proceso globalizador, se adhieren una multiplicidad de estimulantes y antidepresivos que reflejan los altos niveles de insalubridad psicosocial contemporánea. El problema no siempre guarda relación con las noticias alarmantes que aparecen en los medios sobre la deriva y la perdición de los jóvenes, sumidos en un mundo donde las drogas resultan sinónimo de ocio y diversión. En realidad, la tragedia se vive de manera mucho más cotidiana y diluida entre los ciudadanos normales que pagan sus impuestos.
Legalmente se puede acceder a todo tipo de drogas como el Ritalín o el Prozac, sin las cuales sería impensable desarrollar el normal funcionamiento socioeconómico por una parte de la población, frente a los retos adversos que presenta la vida -sólo en el Estado Español, el consumo de antidepresivos se ha triplicado en la última década-. Para nuestra rutina diaria encontramos normal el uso de estimulantes en forma de refresco, como el Red Bull -prohibido en Dinamarca por contener un principio activo que devastó mentalmente a las tropas de EEUU en Vietnam-, o el Burn, que no son más que una imitación y democratización de los efectos energizantes que suele otorgar la cocaína, pero ahora con amparo legal. Por su control de los ritmos de humor, los antidepresivos o euforizantes hacen especial mella en aquellos sectores laborales que participan directamente en la producción inmaterial y virtual propiamente dicha, lo que augura el advenimiento de una crisis psicosocial de la que aún no podemos sacar cuentas.
Capitalismo cognitivo
En la sociedad de la información la conexión y producción entre mentes y la valorización económica del conocimiento, ocupan un lugar privilegiado en la reproducción del llamado capitalismo “cognitivo”. Su materia prima fundamental es el intelecto humano en sus términos más genéricos, lo que agrava enormemente la problemática. La aceleración intensiva de los ritmos productivos y comunicativos y la preponderancia de un ciberespacio ilimitado frente a un cerebro humano que opera de forma más lenta que la realidad, conlleva un desfase y ruptura patógena que se ve reflejado en la vitalidad de la industria de los psicofármacos.
De manera paralela y en ocasiones entrelazada a lo ya expuesto, se percibe un incremento de los casos registrados de internación urgente en psiquiátricos -7,8% más que 2007, sólo en Barcelona- que se achacan a la coyuntura de crisis económica, pero que sin duda hunde sus raíces en los ganglios de las relaciones sociales contemporáneas.
El tiempo que parece sacado de sus goznes es colonizado al completo por la publicidad, el marketing y el consumo desbocado bajo el paraguas ideológico de una felicidad banal y trivial. Esta precisa ser sustituida incesantemente al desaparecer su atracción poco tiempo después de poseer el producto o la sensación en cuestión.
En una sociedad incapaz ya de integrar socialmente a través del trabajo, -tasa estructural de paro, temporalidad, precariedad, intermitencia- el estatuto de ciudadano se adquiere a través de nuestra capacidad subjetiva de acceso al consumo. El principio de realidad se fusiona con el del deseo, en donde la libertad de elegir dentro del amplio abanico de gustos que ofrece el elixir del mercado, se transforma en tarea obligada que nos posiciona y estructura socialmente. Los lazos comunitarios se mediatizan siguiendo los patrones que dictan las campañas publicitarias y las líneas que dibuja el consumo, que amplifican una llamada a la que todos quieren acudir, pero que algunos no pueden responder.
Todo un cúmulo de frustraciones, estancamiento, aceleración, estrés, agotamiento y depresión generados por los modos de vida imperantes, vaticinan un futuro plagado de enfermedades neuronales y miseria existencial incubado en el centro del sistema social. ¿Son las locuras consecuencia de un modo de producción o, es el sistema mismo una locura? Deberíamos someterlo a un estudio médico para confirmar su insalubridad ecológica, social, económica y cognitiva.
sábado, 16 de mayo de 2009
¿Y por qué no un salario social universal? publicado en el confidencial el 16/05/2009
En tiempos de crisis resulta más necesario que nunca retomar el debate sobre el acceso a un salario social universal. Tras años de políticas laborales podemos coincidir con el sociólogo italiano Maurizio Lazzarato, en que el empleo ya no garantiza una renta satisfactoria, y que el crecimiento no implica la generación de puestos de trabajo. Prueba de ello se manifiesta en la innegable extensión de la precariedad, temporalidad e intermitencia laboral -31% en nuestro caso- , entre amplios estratos de la población, que amplifican la incertidumbre y generan dificultades a la hora de planificar la vida a medio-largo plazo. Asimismo se constata la brecha entre el llamado crecimiento económico y su repercusión beneficiosa en el plano de lo social. Un dato: durante los años de bonanza en la economía española -1995, 2005- el salario medio cayó un 5%. Son los nuevos working poors, que incluyen pero exceden a la clase obrera: cajeras a tiempo parcial, sector servicios por temporadas, amas de casa, inmigrantes, becarios, cuidadoras etc…conforman la fragmentación de un mercado laboral cada vez más inaccesible y desregulado.
Tampoco las nuevas tecnologías han traído como en un principio se podía presuponer, una mayor liberación del trabajo, dando lugar a un doble proceso simultáneo. Por un lado los ritmos productivos se tornan más intensivos y la jornada más sofocante, y al mismo tiempo se estrecha el margen que separa la inclusión de la exclusión social. Tanto, que en una ciudad tan emergente y productiva como lo es Barcelona, se estima que el 10% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social. En nuestras sociedades globales la tasa de paro se entiende cada vez menos como una etapa coyuntural, que finalmente acabe solucionándose y pasa a percibirse como una tasa estructural e inamovible, más hoy en los tiempos que corren. De esta forma se sustituye un sistema basado en el arriba y abajo, por otro de adentro o afuera, con los matices que se puedan aplicar.
Derecho laboral de 4ª generación
Pero no es mi intención plantear aquí el debate de una renta básica ciudadana, enfocado únicamente desde el prisma de la integración social, a modo de salvavidas para los consumidores fallidos que se caen de toda inclusión socioeconómica. Pretendo más bien mostrar una lectura desde una perspectiva laboral, como un derecho de 4ª generación acorde a los avatares contemporáneos.
En las metrópolis postfordistas la acumulación de riqueza no proviene únicamente de la producción industrial propiamente dicha, sino que acapara el conocimiento, los hábitos, la capacidad de comunicación, socialización, los afectos etc… La vida misma es puesta a trabajar contando especialmente con sus aptitudes más genéricas y comunes, como el lenguaje por ejemplo. El sector más en alza se apoya en la reproducción de formas de vida, sensaciones, estímulos, imágenes y deseos. Incluso los mismos territorios -ej: Barcelona-, se publicitan a modo de marcas para fomentar su atracción y reproducción de flujos de consumo, capital e información. La mezcla de etnias, culturas, estéticas y poblaciones, enriquecen esta visión traduciendo su cooperación social en mercancía y beneficio privado.
Un ejemplo a modo de ilustración. En la capital catalana, en el antiguo barrio Chino, conocido ahora como el Raval, se ha instalado el lujoso hotel Barceló Raval. En su inauguración la subdirectora en una entrevista aseguraba que el mayor atractivo que presentaba el hotel, era “la diversidad de culturas que se da en el barrio”, y en su Web afirman que se encuentran situados en “el lugar más de moda del centro de Barcelona”.
La idea cosmopolita que proyecta el hotel en sus folletos y los requisitos establecidos por los estudios de mercado previos que deciden la viabilidad del proyecto, son sustraídos de la producción del patrimonio común. La interacción e innovación cotidiana de la población es valorizada como la materia prima inmaterial de la que especialmente se vale el capitalismo cognitivo. Casos similares se pueden encontrar en el barrio de Gràcia, o la Barceloneta, y así elevarse hasta la ciudad en su totalidad.
Cuesta plantearse una propuesta de este calibre si no desterramos la idea clásica que presenta el economista austriaco Joseph Schumpeter, sobre la figura del empresario emprendedor y portador de las innovaciones, así como protagonista por su rol estimulador en la inversión. Ahora en cambio ese papel es derivado del trabajo vivo, que hace de la metrópolis al completo su particular fábrica social y no centraliza a la empresa como generador de riqueza. Si la producción incorpora las 24 horas del día, y no sólo el tiempo de empleo, ¿por qué suena tan descabellado garantizar un salario universal de la cuna a la tumba?
Hoy cuando vislumbramos el abrupto final de la etapa neoliberal, que muchos asimilaron como el paraíso pero que ahora se esconde entre bastidores y sufre de una crisis de legitimación, el salario universal se presenta como un verdadero derecho social y laboral. Responder para empezar, a todos esos parados que tanto contribuyeron a la creación de riqueza que sólo unos pocos acumularon, y de ahí continuar extendiendo la cobertura hasta alcanzar el marco universal.
Garantizar un mínimo de renta ayudaría sin lugar a dudas a paliar la pobreza en una sociedad de grandes contrastes económicos que conviven a veces en los mismos espacios. Asimismo reduciría gratamente la alienación derivada del trabajo al no vernos perseguidos por la necesidad imperiosa de tener que aceptar condiciones laborales degradantes.
¿Qué va antes el huevo o la gallina?
Huelga decir que el debate es mucho más amplio que lo aquí expuesto, y me dejo por el camino muchas de sus características y problemáticas que plantea la implantación de un salario social universal. Sin duda una de ellas estriba en cómo evitar el éxodo de capitales y desinversión a modo de sabotaje por parte de los grandes intereses económicos. Por esta misma razón la aceleración del proceso constituyente debe extenderse al mayor número de regiones y países posibles, tejiendo una malla protectora que soporte los vaivenes de las dinámicas del mercado.
Cabe preguntarse cómo materializarlo en la realidad, y aquí entra la pregunta que se hacía Aurora Mínguez en un artículo publicado en este mismo periódico; ¿Cuando estallarán las calles? El salario social puede evitar que revienten las calles, amortiguando la caída de los más vulnerables, pero si observamos los ejemplos que nos da la historia posiblemente se dé el caso a la inversa. Los derechos pocas veces son cedidos, al contrario, suelen ser conquistados. Es la eterna dialéctica entre el movimiento obrero -hoy multitudes-, y las instituciones, que parte de la ilegalidad para finalmente forzar el derecho o caer derrotado. El mundo que vivimos en constante cambio y contradicción nos da la pauta que el politólogo Francis Fukuyama se equivocaba interesadamente al afirmar, que la historia había llegado a su fin con la evolución del capitalismo al más alto nivel.
Defender la alegría como escribió Mario Benedetti, sigue siendo la opción más racional.
Tampoco las nuevas tecnologías han traído como en un principio se podía presuponer, una mayor liberación del trabajo, dando lugar a un doble proceso simultáneo. Por un lado los ritmos productivos se tornan más intensivos y la jornada más sofocante, y al mismo tiempo se estrecha el margen que separa la inclusión de la exclusión social. Tanto, que en una ciudad tan emergente y productiva como lo es Barcelona, se estima que el 10% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social. En nuestras sociedades globales la tasa de paro se entiende cada vez menos como una etapa coyuntural, que finalmente acabe solucionándose y pasa a percibirse como una tasa estructural e inamovible, más hoy en los tiempos que corren. De esta forma se sustituye un sistema basado en el arriba y abajo, por otro de adentro o afuera, con los matices que se puedan aplicar.
Derecho laboral de 4ª generación
Pero no es mi intención plantear aquí el debate de una renta básica ciudadana, enfocado únicamente desde el prisma de la integración social, a modo de salvavidas para los consumidores fallidos que se caen de toda inclusión socioeconómica. Pretendo más bien mostrar una lectura desde una perspectiva laboral, como un derecho de 4ª generación acorde a los avatares contemporáneos.
En las metrópolis postfordistas la acumulación de riqueza no proviene únicamente de la producción industrial propiamente dicha, sino que acapara el conocimiento, los hábitos, la capacidad de comunicación, socialización, los afectos etc… La vida misma es puesta a trabajar contando especialmente con sus aptitudes más genéricas y comunes, como el lenguaje por ejemplo. El sector más en alza se apoya en la reproducción de formas de vida, sensaciones, estímulos, imágenes y deseos. Incluso los mismos territorios -ej: Barcelona-, se publicitan a modo de marcas para fomentar su atracción y reproducción de flujos de consumo, capital e información. La mezcla de etnias, culturas, estéticas y poblaciones, enriquecen esta visión traduciendo su cooperación social en mercancía y beneficio privado.
Un ejemplo a modo de ilustración. En la capital catalana, en el antiguo barrio Chino, conocido ahora como el Raval, se ha instalado el lujoso hotel Barceló Raval. En su inauguración la subdirectora en una entrevista aseguraba que el mayor atractivo que presentaba el hotel, era “la diversidad de culturas que se da en el barrio”, y en su Web afirman que se encuentran situados en “el lugar más de moda del centro de Barcelona”.
La idea cosmopolita que proyecta el hotel en sus folletos y los requisitos establecidos por los estudios de mercado previos que deciden la viabilidad del proyecto, son sustraídos de la producción del patrimonio común. La interacción e innovación cotidiana de la población es valorizada como la materia prima inmaterial de la que especialmente se vale el capitalismo cognitivo. Casos similares se pueden encontrar en el barrio de Gràcia, o la Barceloneta, y así elevarse hasta la ciudad en su totalidad.
Cuesta plantearse una propuesta de este calibre si no desterramos la idea clásica que presenta el economista austriaco Joseph Schumpeter, sobre la figura del empresario emprendedor y portador de las innovaciones, así como protagonista por su rol estimulador en la inversión. Ahora en cambio ese papel es derivado del trabajo vivo, que hace de la metrópolis al completo su particular fábrica social y no centraliza a la empresa como generador de riqueza. Si la producción incorpora las 24 horas del día, y no sólo el tiempo de empleo, ¿por qué suena tan descabellado garantizar un salario universal de la cuna a la tumba?
Hoy cuando vislumbramos el abrupto final de la etapa neoliberal, que muchos asimilaron como el paraíso pero que ahora se esconde entre bastidores y sufre de una crisis de legitimación, el salario universal se presenta como un verdadero derecho social y laboral. Responder para empezar, a todos esos parados que tanto contribuyeron a la creación de riqueza que sólo unos pocos acumularon, y de ahí continuar extendiendo la cobertura hasta alcanzar el marco universal.
Garantizar un mínimo de renta ayudaría sin lugar a dudas a paliar la pobreza en una sociedad de grandes contrastes económicos que conviven a veces en los mismos espacios. Asimismo reduciría gratamente la alienación derivada del trabajo al no vernos perseguidos por la necesidad imperiosa de tener que aceptar condiciones laborales degradantes.
¿Qué va antes el huevo o la gallina?
Huelga decir que el debate es mucho más amplio que lo aquí expuesto, y me dejo por el camino muchas de sus características y problemáticas que plantea la implantación de un salario social universal. Sin duda una de ellas estriba en cómo evitar el éxodo de capitales y desinversión a modo de sabotaje por parte de los grandes intereses económicos. Por esta misma razón la aceleración del proceso constituyente debe extenderse al mayor número de regiones y países posibles, tejiendo una malla protectora que soporte los vaivenes de las dinámicas del mercado.
Cabe preguntarse cómo materializarlo en la realidad, y aquí entra la pregunta que se hacía Aurora Mínguez en un artículo publicado en este mismo periódico; ¿Cuando estallarán las calles? El salario social puede evitar que revienten las calles, amortiguando la caída de los más vulnerables, pero si observamos los ejemplos que nos da la historia posiblemente se dé el caso a la inversa. Los derechos pocas veces son cedidos, al contrario, suelen ser conquistados. Es la eterna dialéctica entre el movimiento obrero -hoy multitudes-, y las instituciones, que parte de la ilegalidad para finalmente forzar el derecho o caer derrotado. El mundo que vivimos en constante cambio y contradicción nos da la pauta que el politólogo Francis Fukuyama se equivocaba interesadamente al afirmar, que la historia había llegado a su fin con la evolución del capitalismo al más alto nivel.
Defender la alegría como escribió Mario Benedetti, sigue siendo la opción más racional.
viernes, 3 de abril de 2009
A la caza de los sin papeles. Publicado en el Confidencial.com el 03/04/2009
En un clima de incertidumbre generalizado, con una precariedad laboral extendida a cada vez más estratos de la población y el tambaleo del Estado social, los términos en los que se concibe la seguridad pasan a entenderse en clave de orden público. La erosión de las soberanías estatales en materia económica durante los últimos decenios, y la parcial desnacionalización de sus fronteras como resultado del protagonismo de actores transnacionales, -multinacionales, inmigración- conlleva paradójicamente una renacionalización política y de seguridad. Funciona como un mecanismo legitimador de la soberanía estatal, que hace hincapié en la seguridad personal y subjetiva en detrimento de la colectiva.
Este repliegue sobre las identidades nacionales, en algunos casos puede marcar líneas diferenciales con el que concebimos como el otro, el extranjero, ajeno a lo “nuestro”, que oculta bajo el problema inmigrante lo que en realidad es una crisis de ciudadanía. La seguridad se traduce así en la búsqueda de homogeneidad social, con espacios y residencias saneados de elementos que distorsionen la idílica imagen prediseñada de los que se sienten como los iguales. Las nuevas tecnologías del control y un modelo de urbanismo segregador que fomenta la agorafobia urbana, -temor al espacio público- ayuda a excluir y criminalizar a ciertos colectivos, donde los inmigrantes ocupan un puesto privilegiado como sujeto elevado a categoría de riesgo.
Pero el hecho es que ninguna metrópoli europea podría sostener su mercado laboral sin la ayuda de los inmigrantes, los cuales generalmente cubren los puestos menos cualificados, cuando muchas veces no se corresponde con sus credenciales y capacidades. Y algunos lo hacen en situación de clandestinidad, donde aún reconociéndose su labor fundamental en la sociedad, nunca se admitirá que ésta sólo es posible transgrediendo la ley. Ahí están, por ejemplo, todas esas mujeres que dejan de criar a sus hijos y abandonan sus lugares de origen para venir a cuidar los de otros en los países receptores, empujadas por la necesidad de buscar una vida digna para los suyos.
Se niega la ciudadanía para quien de facto vive y trabaja en el territorio y es escorado a la invisibilidad social, jurídica y política. Llevan el estigma en la cara y el terror en el cuerpo por encontrarse un control policial o una frontera móvil en las estaciones de tren o autobús, que arbitrariamente deciden parar a quien, según ellos, tienen aspecto de no tener papeles. Las razzias se han hecho muy conocidas debido a los últimos acontecimientos en Italia, donde se organizan cacerías indiscriminadas de inmigrantes, pero sólo hace falta acercarse al madrileño barrio de Lavapiés para constatar que esta práctica no es congénita al gobierno de Berlusconi.
Una vuelta de tuerca
Recientemente el Gobierno se ha sacado de la chistera una ley que sanciona hasta con 10.000 euros por acoger o ayudar económicamente a inmigrantes en situación irregular. Una medida que equipara y engloba tanto al empresario que se aprovecha de la vulnerabilidad de este colectivo y lo explota contratándolo en negro, junto a un ciudadano u organización que decide ayudar a una persona azotada por la exclusión social y los vaivenes del mercado. Valores y principios antagónicos, pero que, sin embargo, son castigados con la misma dureza obviando que el primero saca rédito económico, mientras que el segundo es sólo una muestra de solidaridad humanitaria sin ningún ánimo de lucro. Se suma también la campaña por el retorno voluntario de extranjeros, facilitando desde las administraciones el regreso a su país de origen en una coyuntura con altos niveles de desempleo estructural. Su repercusión ha sido más simbólica que práctica, -se estima que 4000 personas paradas se han adherido- y nada ayuda a incorporar en el imaginario colectivo la figura del inmigrante como posible ciudadano.
Recordemos que vivir en situación irregular no supone más que una falta administrativa, equiparable a saltarse un semáforo, pero que, sin embargo, puede acarrear consecuencias nefastas para la persona infractora. Algunas de estas consecuencias, están sostenidas en un limbo legal, como manifiestan los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), que dependen del ministerio de Interior pero que oficialmente no son cárceles, sino zonas de espera en donde el destino final -deportación o mantenimiento- dependerá, entre otras cuestiones, del equilibrio en la balanza económica, que determina si existe o no necesidad de fuerza de trabajo para cubrir puestos sin cualificar y precarios.
A esta situación ya de por sí escandalosa, se solapa la prohibición legal de ser asistido por la ciudadanía, lo cual ayuda a aumentar el desarraigo social, cerrando puertas a la inclusión y abriendo muchas más a los círculos de la economía sumergida y la posibilidad de caer en el delito, para convertirse así definitivamente en delincuente: es la profecía autocumplida.
El sociólogo polaco Zygmunt Bauman, afirma que los campos de concentración nazis, lejos de ser una aberración de la modernidad, suponen el más alto grado de desarrollo y perfección de la burocracia occidental. Si dejamos de lado las visiones sentimentales, la violencia nazi no fue impuesta por el impulso y la insalubridad mental, al contrario, se llevó a cabo en nombre de valores superiores, de manera detallada y con precisión tecnológica. Esto sucede cuando dejamos de lado las consideraciones éticas, y desterramos de nuestra comunidad moral a ciertos sujetos. Lo más destacado es que no suele ocurrir en medio de la incredulidad social, sino a través del silencio reinante de personas que se consideran decentes, y que no entienden porque deberían mostrar empatía con sujetos desterrados de la “familia humana”.
La indiferencia de una población ante el drama de los sin papeles, acusados en ocasiones de toda una batería de descalificativos ligados a su condición, no dista mucho de aquellos que hace no demasiado tiempo consideraron a los judíos un parásito insertado en nuestro cuerpo social. Ellos lo empiezan a decir muy claro, como reza un lema de los inmigrantes mexicanos en USA: Querían brazos y llegaron personas.
Este repliegue sobre las identidades nacionales, en algunos casos puede marcar líneas diferenciales con el que concebimos como el otro, el extranjero, ajeno a lo “nuestro”, que oculta bajo el problema inmigrante lo que en realidad es una crisis de ciudadanía. La seguridad se traduce así en la búsqueda de homogeneidad social, con espacios y residencias saneados de elementos que distorsionen la idílica imagen prediseñada de los que se sienten como los iguales. Las nuevas tecnologías del control y un modelo de urbanismo segregador que fomenta la agorafobia urbana, -temor al espacio público- ayuda a excluir y criminalizar a ciertos colectivos, donde los inmigrantes ocupan un puesto privilegiado como sujeto elevado a categoría de riesgo.
Pero el hecho es que ninguna metrópoli europea podría sostener su mercado laboral sin la ayuda de los inmigrantes, los cuales generalmente cubren los puestos menos cualificados, cuando muchas veces no se corresponde con sus credenciales y capacidades. Y algunos lo hacen en situación de clandestinidad, donde aún reconociéndose su labor fundamental en la sociedad, nunca se admitirá que ésta sólo es posible transgrediendo la ley. Ahí están, por ejemplo, todas esas mujeres que dejan de criar a sus hijos y abandonan sus lugares de origen para venir a cuidar los de otros en los países receptores, empujadas por la necesidad de buscar una vida digna para los suyos.
Se niega la ciudadanía para quien de facto vive y trabaja en el territorio y es escorado a la invisibilidad social, jurídica y política. Llevan el estigma en la cara y el terror en el cuerpo por encontrarse un control policial o una frontera móvil en las estaciones de tren o autobús, que arbitrariamente deciden parar a quien, según ellos, tienen aspecto de no tener papeles. Las razzias se han hecho muy conocidas debido a los últimos acontecimientos en Italia, donde se organizan cacerías indiscriminadas de inmigrantes, pero sólo hace falta acercarse al madrileño barrio de Lavapiés para constatar que esta práctica no es congénita al gobierno de Berlusconi.
Una vuelta de tuerca
Recientemente el Gobierno se ha sacado de la chistera una ley que sanciona hasta con 10.000 euros por acoger o ayudar económicamente a inmigrantes en situación irregular. Una medida que equipara y engloba tanto al empresario que se aprovecha de la vulnerabilidad de este colectivo y lo explota contratándolo en negro, junto a un ciudadano u organización que decide ayudar a una persona azotada por la exclusión social y los vaivenes del mercado. Valores y principios antagónicos, pero que, sin embargo, son castigados con la misma dureza obviando que el primero saca rédito económico, mientras que el segundo es sólo una muestra de solidaridad humanitaria sin ningún ánimo de lucro. Se suma también la campaña por el retorno voluntario de extranjeros, facilitando desde las administraciones el regreso a su país de origen en una coyuntura con altos niveles de desempleo estructural. Su repercusión ha sido más simbólica que práctica, -se estima que 4000 personas paradas se han adherido- y nada ayuda a incorporar en el imaginario colectivo la figura del inmigrante como posible ciudadano.
Recordemos que vivir en situación irregular no supone más que una falta administrativa, equiparable a saltarse un semáforo, pero que, sin embargo, puede acarrear consecuencias nefastas para la persona infractora. Algunas de estas consecuencias, están sostenidas en un limbo legal, como manifiestan los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), que dependen del ministerio de Interior pero que oficialmente no son cárceles, sino zonas de espera en donde el destino final -deportación o mantenimiento- dependerá, entre otras cuestiones, del equilibrio en la balanza económica, que determina si existe o no necesidad de fuerza de trabajo para cubrir puestos sin cualificar y precarios.
A esta situación ya de por sí escandalosa, se solapa la prohibición legal de ser asistido por la ciudadanía, lo cual ayuda a aumentar el desarraigo social, cerrando puertas a la inclusión y abriendo muchas más a los círculos de la economía sumergida y la posibilidad de caer en el delito, para convertirse así definitivamente en delincuente: es la profecía autocumplida.
El sociólogo polaco Zygmunt Bauman, afirma que los campos de concentración nazis, lejos de ser una aberración de la modernidad, suponen el más alto grado de desarrollo y perfección de la burocracia occidental. Si dejamos de lado las visiones sentimentales, la violencia nazi no fue impuesta por el impulso y la insalubridad mental, al contrario, se llevó a cabo en nombre de valores superiores, de manera detallada y con precisión tecnológica. Esto sucede cuando dejamos de lado las consideraciones éticas, y desterramos de nuestra comunidad moral a ciertos sujetos. Lo más destacado es que no suele ocurrir en medio de la incredulidad social, sino a través del silencio reinante de personas que se consideran decentes, y que no entienden porque deberían mostrar empatía con sujetos desterrados de la “familia humana”.
La indiferencia de una población ante el drama de los sin papeles, acusados en ocasiones de toda una batería de descalificativos ligados a su condición, no dista mucho de aquellos que hace no demasiado tiempo consideraron a los judíos un parásito insertado en nuestro cuerpo social. Ellos lo empiezan a decir muy claro, como reza un lema de los inmigrantes mexicanos en USA: Querían brazos y llegaron personas.
jueves, 2 de abril de 2009
MADRID: LA SUMA DE TODOS, BENEFICIO DE POCOS. Publicado en el periódico Diagonal nº 99
Madrid, además de ser muchas otras cosas, se alza como capital del salvajismo, los ajustes de cuentas, las puñaladas y los tiros en las calles. Es curioso que una comunidad gobernada por el ala más extremista del régimen “libre mercado”, como es Esperanza Aguirre y el señor Gallardón, sea asimismo el epicentro estatal de la inseguridad, el peligro y la derecha más desbocada. Y es que tiene toda la lógica: un modelo de urbanismo desgarrador, una creciente dualidad entre las rentas norte-sur de la ciudad, y la voluntad política de hacer de Madrid el paraíso de las multinacionales, traen a la par grandes riquezas y altos niveles de precariedad .
El presidente por Madrid de las nuevas generaciones del PP, Pablo Casado, lo anuncia a viva voz y sin tapujos: ¡privaticemos los servicios públicos! Metrópolis que sigue el ejemplo de Los Ángeles, segregando por territorios, fomentando los suburbios periféricos, cerrados y seguros, hostiles al medio ambiente unidos por autovías y culturalmente muertos. Por el contrario crecen los territorios de temporalidades inmóviles, que sirven como recipiente de los estratos más populares de la población.
La criminalización del “otro diferente”, recae sobre los inmigrantes, esos “portadores de desgracias”, como decía Bertolt Brecht, que son el chivo expiatorio elevado a categoría de riesgo, aupado por el inflamiento mediático. Los de abajo temen perder lo poco que tienen y culpan al inmigrante, más desgraciado, con el que tienen que compartir, y por eso votan PP, los de arriba no quieren sostener unos servicios a los que no acuden, porque ya se aseguran un servicio económicamente filtrado, votan PP. Es el producto de la hegemonía cultural que ostenta la simpleza aparentemente campechana de Esperanza Aguirre, como una especie de híbrido entre neoliberalismo y fascismo sociológico.
En este lienzo hostil se reproducen como setas la violencia que encarna los valores hegemónicos en la ciudad, a saber: competitividad, individualismo extremo y ansias por ascender en la movilidad social usando la vía más rápida, Show me Money! Son los directivos de las calles, pero sin protocolos ni grandes recepciones, que adquieren la forma de mafias, bandas, o violencia gratuita. Aprenden de los mejores e interiorizan la cultura política de quien llega al poder comprando diputados, maneras poco saludables, pero que sirven de paradigma a la ciudadanía.
En este Madrid que se siente propietario y se cree señor, se inhala un ambiente turbio y cargado, guateque de mafiosos, promotores y empresarios que paseando en sus grandes cochazos y con sus banderas colgadas del retrovisor, conviven con la existencia de un creciente ejército de precarios, temporales y no-ciudadanos. Estos observan cómo los pobres en el ventanal del café descrito por Baudelaire, las vidas de los opulentos en contradicción y por lo tanto frustración con la que ellos llevan.
La tarea por encontrar un equilibrio de la oscilación entre lo negativo y la innovación de nuevas instituciones que otorguen cuerpo y forma a las multitudes madrileñas, aventura dos posibles opciones: la perversa guerra entre explotados y excluidos, retroalimentada por la generalización de la incertidumbre y el cinismo colectivo, podría derivar en manifestaciones de verdadero fascismo social a través de la intensificación de la renacionalización de la política, que conlleva el destierro social de los más vulnerables y desfavorecidos.
Paralelamente, o al contrario, se pueden construir expresiones comunistas donde la superación de las condiciones de control impuestas que parcelan, dispersan y enfrentan a la heterogeneidad ciudadana logre enraizar proyectos territorializados, que inter-conectados , compongan las múltiples luchas que presenta la multitud. La población desheredada puede sacar a relucir los aspectos más desoladores, pero engendran paralelamente las condiciones subjetivas para hacer de Madrid una ciudad habitable. Una urbe abierta y regeneradora de un espacio público de debates y combates, donde convivan conflictos y encuentros anónimos que primen sobre la especulación y el miedo.
Tras las nuevas líneas de producción que atraviesan la ciudad en forma de flujos y comunicación, precisamos dar uso de la geometría variable que componen las distintas formas de trabajo y explotación, para lograr cortocircuitar la “traducción en valor” que procesa el mando sobre el conjunto de relaciones sociales. El migrante se erige como baluarte del explotado postfordista al tensar el perfil desnacionalizado y postcolonial de las grandes urbes, sometido a la contradicción constante de la movilidad, entre sus restricciones para ejercerla y la libertad de la que goza el Capital para sobrevolar fronteras.
Escapando de la lógica del mando, nace una demanda que se manifiesta en los lugares comunes –la ciudad- de manera poliédrica: la diversidad social descentralizada hecha política. Lejos de poder reducirse a un sujeto centrifugador más propio de un carácter leninista, la multiplicidad de sensibilidades, usos y funciones diferentes que se dan en la metrópolis desborda esta idea unificadora, quizás útil a medio plazo, pero limitadora en el largo alcance.
Es preciso tomar en consideración la importancia capital que adquiere para el conjunto de la producción la sutura indisociable entre cultura, economía y relaciones sociales. En segundo lugar, la necesidad de moldear la organización de las distintas redes que actualmente trabajan en el territorio, donde los centros sociales ocupados, las redes de inmigrantes, proyectos de cultura libre, luchas por los servicios públicos, parados y precarios etc.., encuentren las coordenadas para dar el valiente salto cualitativo considerando el marco metropolitano en su conjunto.
Una estructura estable pero cambiante, con capacidad de cintura acorde a la velocidad que avanzan los cambios, una organización que reconfigure el sentido de una nueva unidad basada en la diversidad y la libre diferencia e individualidad de sus miembros.
El derecho a la ciudad tiene hoy más sentido que nunca, desobedecer a las trabas que impone la movilidad reducida al reivindicar el transporte gratuito, el acceso al conocimiento como derecho básico, o un merecido salario social al producir por existir en sociedad, son sin duda uno de los puntos de partida.
Vivir tiempos en transición, cuando recién comienza la III Revolución Industrial, dificulta perfilar el espacio de expresión de las multitudes; empecemos por intentar organizar la incertidumbre.
El presidente por Madrid de las nuevas generaciones del PP, Pablo Casado, lo anuncia a viva voz y sin tapujos: ¡privaticemos los servicios públicos! Metrópolis que sigue el ejemplo de Los Ángeles, segregando por territorios, fomentando los suburbios periféricos, cerrados y seguros, hostiles al medio ambiente unidos por autovías y culturalmente muertos. Por el contrario crecen los territorios de temporalidades inmóviles, que sirven como recipiente de los estratos más populares de la población.
La criminalización del “otro diferente”, recae sobre los inmigrantes, esos “portadores de desgracias”, como decía Bertolt Brecht, que son el chivo expiatorio elevado a categoría de riesgo, aupado por el inflamiento mediático. Los de abajo temen perder lo poco que tienen y culpan al inmigrante, más desgraciado, con el que tienen que compartir, y por eso votan PP, los de arriba no quieren sostener unos servicios a los que no acuden, porque ya se aseguran un servicio económicamente filtrado, votan PP. Es el producto de la hegemonía cultural que ostenta la simpleza aparentemente campechana de Esperanza Aguirre, como una especie de híbrido entre neoliberalismo y fascismo sociológico.
En este lienzo hostil se reproducen como setas la violencia que encarna los valores hegemónicos en la ciudad, a saber: competitividad, individualismo extremo y ansias por ascender en la movilidad social usando la vía más rápida, Show me Money! Son los directivos de las calles, pero sin protocolos ni grandes recepciones, que adquieren la forma de mafias, bandas, o violencia gratuita. Aprenden de los mejores e interiorizan la cultura política de quien llega al poder comprando diputados, maneras poco saludables, pero que sirven de paradigma a la ciudadanía.
En este Madrid que se siente propietario y se cree señor, se inhala un ambiente turbio y cargado, guateque de mafiosos, promotores y empresarios que paseando en sus grandes cochazos y con sus banderas colgadas del retrovisor, conviven con la existencia de un creciente ejército de precarios, temporales y no-ciudadanos. Estos observan cómo los pobres en el ventanal del café descrito por Baudelaire, las vidas de los opulentos en contradicción y por lo tanto frustración con la que ellos llevan.
La tarea por encontrar un equilibrio de la oscilación entre lo negativo y la innovación de nuevas instituciones que otorguen cuerpo y forma a las multitudes madrileñas, aventura dos posibles opciones: la perversa guerra entre explotados y excluidos, retroalimentada por la generalización de la incertidumbre y el cinismo colectivo, podría derivar en manifestaciones de verdadero fascismo social a través de la intensificación de la renacionalización de la política, que conlleva el destierro social de los más vulnerables y desfavorecidos.
Paralelamente, o al contrario, se pueden construir expresiones comunistas donde la superación de las condiciones de control impuestas que parcelan, dispersan y enfrentan a la heterogeneidad ciudadana logre enraizar proyectos territorializados, que inter-conectados , compongan las múltiples luchas que presenta la multitud. La población desheredada puede sacar a relucir los aspectos más desoladores, pero engendran paralelamente las condiciones subjetivas para hacer de Madrid una ciudad habitable. Una urbe abierta y regeneradora de un espacio público de debates y combates, donde convivan conflictos y encuentros anónimos que primen sobre la especulación y el miedo.
Tras las nuevas líneas de producción que atraviesan la ciudad en forma de flujos y comunicación, precisamos dar uso de la geometría variable que componen las distintas formas de trabajo y explotación, para lograr cortocircuitar la “traducción en valor” que procesa el mando sobre el conjunto de relaciones sociales. El migrante se erige como baluarte del explotado postfordista al tensar el perfil desnacionalizado y postcolonial de las grandes urbes, sometido a la contradicción constante de la movilidad, entre sus restricciones para ejercerla y la libertad de la que goza el Capital para sobrevolar fronteras.
Escapando de la lógica del mando, nace una demanda que se manifiesta en los lugares comunes –la ciudad- de manera poliédrica: la diversidad social descentralizada hecha política. Lejos de poder reducirse a un sujeto centrifugador más propio de un carácter leninista, la multiplicidad de sensibilidades, usos y funciones diferentes que se dan en la metrópolis desborda esta idea unificadora, quizás útil a medio plazo, pero limitadora en el largo alcance.
Es preciso tomar en consideración la importancia capital que adquiere para el conjunto de la producción la sutura indisociable entre cultura, economía y relaciones sociales. En segundo lugar, la necesidad de moldear la organización de las distintas redes que actualmente trabajan en el territorio, donde los centros sociales ocupados, las redes de inmigrantes, proyectos de cultura libre, luchas por los servicios públicos, parados y precarios etc.., encuentren las coordenadas para dar el valiente salto cualitativo considerando el marco metropolitano en su conjunto.
Una estructura estable pero cambiante, con capacidad de cintura acorde a la velocidad que avanzan los cambios, una organización que reconfigure el sentido de una nueva unidad basada en la diversidad y la libre diferencia e individualidad de sus miembros.
El derecho a la ciudad tiene hoy más sentido que nunca, desobedecer a las trabas que impone la movilidad reducida al reivindicar el transporte gratuito, el acceso al conocimiento como derecho básico, o un merecido salario social al producir por existir en sociedad, son sin duda uno de los puntos de partida.
Vivir tiempos en transición, cuando recién comienza la III Revolución Industrial, dificulta perfilar el espacio de expresión de las multitudes; empecemos por intentar organizar la incertidumbre.
viernes, 13 de marzo de 2009
El Plan Bolonia a debate. Publicado en el Confidencial.com el 13/03/2009
Deberíamos empezar por preguntarnos, por qué durante los últimos meses ha saltado a la palestra mediática la nueva reforma universitaria conocida como el llamado “Plan Bolonia”. Tras años de movilizaciones, ocupaciones de facultad, charlas etc… donde entre otras cuestiones, se denunciaba la falta de transparencia pública de una reforma construida a espaldas de la comunidad universitaria, se inicia, –frente al aumento de la conflictividad y a petición desesperada de algunos rectores- una campaña propagandística y de comunicación, informando de los beneficios que acarrea el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).
Este déficit democrático en el proceso de constitución, parece no tener intención de ser rectificado, ya que cierra todas las puertas al debate, se impone a golpe de decreto y niega albergar ningún error, salvo la ausencia de comunicación, algo que en un principio no se percibía así. Una campaña de comunicación presupone que las decisiones ya están tomadas y que son correctas, por lo que el único inconveniente es la falta de transmisión de información, en un procedimiento con un marcado carácter tecnocrático.
No se tienen en cuenta ejemplos como los referéndum que han tenido lugar en Girona, Barcelona o Lleida, con resultados aplastantes en contra de la implantación del Plan Bolonia -93% votos en contra-, contando con una participación electoral que casi triplica a los porcentajes en los comicios regulares -20% frente a 7,2%. En tanto y cuanto continúen aumentando las huelgas y el movimiento anti-bolonia vaya ganando más adeptos, más ridícula se tornará la posición de no querer abrir espacios de discusión donde poder plantear argumentos y problemáticas.
Financiación
Las Universidades no reciben dinero por lo que son, sino por lo que hacen, es decir, se ven abocadas a la competencia salvaje por los recursos tanto privados cómo públicos. La Universidad se presenta como una plataforma atractiva para la inversión de capital privado, que una vez esté garantizado, posteriormente recibirán financiación pública con la que se costeará parte de la investigación privada. En otras palabras, son las empresas privadas las que orientan el destino de la inversión pública al señalar previamente qué Universidad es merecedora de recibir financiación.
La asignación de recursos a lo privado, elimina todo rastro de ejercicio del derecho y subordina al mercado caótico la gestión de la Universidad Pública. En términos más claros: El erario público sirve a modo de colchón financiero para asegurar la viabilidad de la inversión privada en una Universidad, o un sector de esta.
El Consejo Social de las Universidades es presentado como “órgano de participación de la sociedad en la Universidad”. Dicha institución es la encargada de decidir las partidas presupuestarías en la Universidad, como también su veto. Este órgano fundamental, cuenta con la presencia de importantes actores del mundo empresarial, tanto que, por ejemplo el consejo social de la Universidad de la Carlos III está presidido por el empresario y banquero del Santander, Matías Rodríguez Inciarte. Se impone así un criterio de gestión empresarial totalmente ajeno a la lógica de una institución docente.
El Director general de las Universidades, Felipe Petriz, tiene razón cuando dice que las empresas no participan directamente en el diseño de los planes de estudio, pero lo que esta obviando, es que dichos planes se dibujan acorde con los criterios de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), y que previamente deben ser aprobados por los Consejos Sociales de la Universidad.
Homologación de títulos
Uno de los puntos que más destacan los defensores del EEES, se escuda en la homologación de los títulos a nivel Europeo, algo que per sé y, sacado de contexto, se muestra como un avance que beneficia al conjunto del estudiantado. Pero la realidad es que no existen catálogos comunes europeos, ni líneas pactadas en los planes de estudio, lo que se implementa es la convalidación de diversas asignaturas bajo un mismo patrón, que son los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). Esto significa que un estudiante puede cursar en la Universidad de Utrecht (Holanda) una asignatura bajo el título “Rembrandt en su tiempo”, y al llegar a la Complutense se convalida por ejemplo con “Hacienda Pública”, al no existir ningún criterio de convergencia. Este es el concepto de homologación del EEES.
Los créditos ECTS se alzan como vehiculo encargado de hacer efectivo el sistema de homologación de títulos, e incorporan novedades a la hora de evaluar el trabajo de los estudiantes. Se computan además de las clases magistrales, todo el tiempo necesario que ocupan los seminarios, las horas de estudio, el trabajo en grupo y prácticas en empresas – obteniendo así mano de obra gratis-, lo que asciende a unas 30 horas semanales por crédito. Indudablemente - y no hace falta ser matemático para percatarse- la dificultad que atraviesan aquellos estudiantes que tengan que compaginar trabajo con estudio, constituye una traba e incluso la imposibilidad de acceder a la enseñanza superior.
Pero sobretodo, los créditos ECTS expresan el interés que suscita para los empresarios el conocimiento producido en la Universidad, entendiendo los créditos como una herramienta que garantiza la viabilidad y reproducción de la inversión económica que efectúan las empresas. La necesidad de disciplinar el trabajo estudiante, estriba en asegurar que la aplicación social del conocimiento sea impulsada por intereses y motivaciones privadas, y si en el trayecto se borra cualquier resquicio de disidencia estudiantil, nadie se va a preocupar.
Respecto a otra de las patas sobre las que se apoyan los defensores de Bolonia, encontramos la tan cacareada movilidad que permitirá fluctuar con libertad entre las Universidades de toda Europa a los estudiantes, aunque en términos absolutos es anecdótico. Básicamente se reducen los trámites burocráticos para facilitar la movilidad del estudiantado, pero para ello no se precisa un vuelco estructural de la organización universitaria, bastaría con ampliar y extender las becas Erasmus y sus dotaciones. Esto no sucede, como tampoco ocurre con las becas para acceder a los estudios, pero los que si aumentan a un ritmo desenfrenado son los préstamos-renta, que aparte de beneficiar a las entidades financieras, hipotecan al estudiante por producir un conocimiento del que se beneficia la empresa. Nadie está en contra de otorgar facilidades para mejorar la movilidad, pero lo cierto es que con Bolonia sólo aquellos que puedan costearse los gastos tendrán la oportunidad de moverse cuantas veces lo deseen de Universidad en Universidad.
En el nuevo sistema de titulaciones de dos ciclos basado en el modelo anglosajón, las titulaciones pasarán a diferenciarse entre ciclos de Grado -3 o 4 años- y ciclos de Postgrado de 1 o 2 años. Lo que antes eran los 3 primeros años de una Licenciatura ahora se denomina Grado, y los 2 años restantes se convierte en Postgrado. El lema que se lleva aplicando desde hace años en las movilizaciones explica claramente este nuevo lienzo: “Ni fábrica de precarios, ni escuela de élites”.
Los que cursen el ciclo de Grado adquieren la formación necesaria, “general” y suficiente, para cumplir los requisitos básicos que demandan los empleos de la economía global del siglo XXI. Trabajos en su mayoría precarios, que no ofrecen garantías ni certidumbre alguna al trabajador, pero generan un ahorro importante para la empresa en materia de formación. En segundo lugar, los que logren acceder al ciclo de Postgrado tras subsanar la barrera económica de 2.000 euros, seguramente adquieran una educación enfocada a la formación de cuadros dirigentes, ya sea políticos, empresariales etc…
Por lo tanto la Universidad no deja de ser pública con Bolonia, no hay necesidad, ¿para qué privatizar toda una infraestructura, para qué hacerse cargo del sistema educativo superior? Cuando se habla de mercantilización se refiere a que el sistema público financiado con dinero de todos, toma el rumbo que deciden y benefician a los intereses particulares de las empresas, donde de manera gratuita costeamos la formación que se ahorra el sector privado.
Es la importancia estelar que ocupa la Universidad en la economía del conocimiento, donde garantizar la “empleabilidad” de mano de obra devaluada, resulta crucial para asegurar el beneficio económico. Lo llaman educación de “calidad” y se presenta como un avance progresista, acusando de un supuesto conservadurismo a quienes critican una reforma que recibe los aplausos del Círculo de Empresarios.
Este déficit democrático en el proceso de constitución, parece no tener intención de ser rectificado, ya que cierra todas las puertas al debate, se impone a golpe de decreto y niega albergar ningún error, salvo la ausencia de comunicación, algo que en un principio no se percibía así. Una campaña de comunicación presupone que las decisiones ya están tomadas y que son correctas, por lo que el único inconveniente es la falta de transmisión de información, en un procedimiento con un marcado carácter tecnocrático.
No se tienen en cuenta ejemplos como los referéndum que han tenido lugar en Girona, Barcelona o Lleida, con resultados aplastantes en contra de la implantación del Plan Bolonia -93% votos en contra-, contando con una participación electoral que casi triplica a los porcentajes en los comicios regulares -20% frente a 7,2%. En tanto y cuanto continúen aumentando las huelgas y el movimiento anti-bolonia vaya ganando más adeptos, más ridícula se tornará la posición de no querer abrir espacios de discusión donde poder plantear argumentos y problemáticas.
Financiación
Las Universidades no reciben dinero por lo que son, sino por lo que hacen, es decir, se ven abocadas a la competencia salvaje por los recursos tanto privados cómo públicos. La Universidad se presenta como una plataforma atractiva para la inversión de capital privado, que una vez esté garantizado, posteriormente recibirán financiación pública con la que se costeará parte de la investigación privada. En otras palabras, son las empresas privadas las que orientan el destino de la inversión pública al señalar previamente qué Universidad es merecedora de recibir financiación.
La asignación de recursos a lo privado, elimina todo rastro de ejercicio del derecho y subordina al mercado caótico la gestión de la Universidad Pública. En términos más claros: El erario público sirve a modo de colchón financiero para asegurar la viabilidad de la inversión privada en una Universidad, o un sector de esta.
El Consejo Social de las Universidades es presentado como “órgano de participación de la sociedad en la Universidad”. Dicha institución es la encargada de decidir las partidas presupuestarías en la Universidad, como también su veto. Este órgano fundamental, cuenta con la presencia de importantes actores del mundo empresarial, tanto que, por ejemplo el consejo social de la Universidad de la Carlos III está presidido por el empresario y banquero del Santander, Matías Rodríguez Inciarte. Se impone así un criterio de gestión empresarial totalmente ajeno a la lógica de una institución docente.
El Director general de las Universidades, Felipe Petriz, tiene razón cuando dice que las empresas no participan directamente en el diseño de los planes de estudio, pero lo que esta obviando, es que dichos planes se dibujan acorde con los criterios de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), y que previamente deben ser aprobados por los Consejos Sociales de la Universidad.
Homologación de títulos
Uno de los puntos que más destacan los defensores del EEES, se escuda en la homologación de los títulos a nivel Europeo, algo que per sé y, sacado de contexto, se muestra como un avance que beneficia al conjunto del estudiantado. Pero la realidad es que no existen catálogos comunes europeos, ni líneas pactadas en los planes de estudio, lo que se implementa es la convalidación de diversas asignaturas bajo un mismo patrón, que son los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). Esto significa que un estudiante puede cursar en la Universidad de Utrecht (Holanda) una asignatura bajo el título “Rembrandt en su tiempo”, y al llegar a la Complutense se convalida por ejemplo con “Hacienda Pública”, al no existir ningún criterio de convergencia. Este es el concepto de homologación del EEES.
Los créditos ECTS se alzan como vehiculo encargado de hacer efectivo el sistema de homologación de títulos, e incorporan novedades a la hora de evaluar el trabajo de los estudiantes. Se computan además de las clases magistrales, todo el tiempo necesario que ocupan los seminarios, las horas de estudio, el trabajo en grupo y prácticas en empresas – obteniendo así mano de obra gratis-, lo que asciende a unas 30 horas semanales por crédito. Indudablemente - y no hace falta ser matemático para percatarse- la dificultad que atraviesan aquellos estudiantes que tengan que compaginar trabajo con estudio, constituye una traba e incluso la imposibilidad de acceder a la enseñanza superior.
Pero sobretodo, los créditos ECTS expresan el interés que suscita para los empresarios el conocimiento producido en la Universidad, entendiendo los créditos como una herramienta que garantiza la viabilidad y reproducción de la inversión económica que efectúan las empresas. La necesidad de disciplinar el trabajo estudiante, estriba en asegurar que la aplicación social del conocimiento sea impulsada por intereses y motivaciones privadas, y si en el trayecto se borra cualquier resquicio de disidencia estudiantil, nadie se va a preocupar.
Respecto a otra de las patas sobre las que se apoyan los defensores de Bolonia, encontramos la tan cacareada movilidad que permitirá fluctuar con libertad entre las Universidades de toda Europa a los estudiantes, aunque en términos absolutos es anecdótico. Básicamente se reducen los trámites burocráticos para facilitar la movilidad del estudiantado, pero para ello no se precisa un vuelco estructural de la organización universitaria, bastaría con ampliar y extender las becas Erasmus y sus dotaciones. Esto no sucede, como tampoco ocurre con las becas para acceder a los estudios, pero los que si aumentan a un ritmo desenfrenado son los préstamos-renta, que aparte de beneficiar a las entidades financieras, hipotecan al estudiante por producir un conocimiento del que se beneficia la empresa. Nadie está en contra de otorgar facilidades para mejorar la movilidad, pero lo cierto es que con Bolonia sólo aquellos que puedan costearse los gastos tendrán la oportunidad de moverse cuantas veces lo deseen de Universidad en Universidad.
En el nuevo sistema de titulaciones de dos ciclos basado en el modelo anglosajón, las titulaciones pasarán a diferenciarse entre ciclos de Grado -3 o 4 años- y ciclos de Postgrado de 1 o 2 años. Lo que antes eran los 3 primeros años de una Licenciatura ahora se denomina Grado, y los 2 años restantes se convierte en Postgrado. El lema que se lleva aplicando desde hace años en las movilizaciones explica claramente este nuevo lienzo: “Ni fábrica de precarios, ni escuela de élites”.
Los que cursen el ciclo de Grado adquieren la formación necesaria, “general” y suficiente, para cumplir los requisitos básicos que demandan los empleos de la economía global del siglo XXI. Trabajos en su mayoría precarios, que no ofrecen garantías ni certidumbre alguna al trabajador, pero generan un ahorro importante para la empresa en materia de formación. En segundo lugar, los que logren acceder al ciclo de Postgrado tras subsanar la barrera económica de 2.000 euros, seguramente adquieran una educación enfocada a la formación de cuadros dirigentes, ya sea políticos, empresariales etc…
Por lo tanto la Universidad no deja de ser pública con Bolonia, no hay necesidad, ¿para qué privatizar toda una infraestructura, para qué hacerse cargo del sistema educativo superior? Cuando se habla de mercantilización se refiere a que el sistema público financiado con dinero de todos, toma el rumbo que deciden y benefician a los intereses particulares de las empresas, donde de manera gratuita costeamos la formación que se ahorra el sector privado.
Es la importancia estelar que ocupa la Universidad en la economía del conocimiento, donde garantizar la “empleabilidad” de mano de obra devaluada, resulta crucial para asegurar el beneficio económico. Lo llaman educación de “calidad” y se presenta como un avance progresista, acusando de un supuesto conservadurismo a quienes critican una reforma que recibe los aplausos del Círculo de Empresarios.
viernes, 27 de febrero de 2009
Vicky, graffiti, Barcelona. Publicado en el confidencial.com el 28/02/2009
La ordenanza cívica de Barcelona aprobada hace ya más de tres años para garantizar la convivencia en el espacio público sigue todavía hoy generando polémica, tanto por la cantidad de sanciones que contempla como por la calidad de las mismas. Recordemos que dicha ordenanza abarca desde la prostitución, hasta la mendicidad, pasando por la práctica del skate, los graffiti, e incluso orinar en la vía pública, pero ¿qué razones impulsan al ayuntamiento a tomar este tipo de medidas sancionadoras, y que consecuencias sociales arrastra? Pasemos a destacar algunos de sus rasgos más relevantes.
Una de las problemáticas más acusadas que presenta la implantación de la ordenanza es la tendencia de algunos de sus apartados, que parecen criminalizar y penalizar actitudes e incluso la mera presencia de algunas personas en la vía pública. En el caso de los lateros o el top manta, el peso de la ley recae sobre aquellos que representan el eslabón más débil de una cadena, donde además de encontrarse en una condición de vulnerabilidad social, se amplifican sus dificultades cuando pasan a ser protagonistas de las prácticas incívicas.
Asimismo, algunos de los artículos de la ordenanza aluden a expresiones públicas que devienen la esencia misma de la persona infractora, como por ejemplo, las trabajadoras sexuales y la mendicidad. El hecho mismo de ser un sin techo conlleva actuaciones como dormir en la calle o usar fuentes para limpiarse, así como las chicas que son calificadas de incívicas no por mantener una actitud, sino por ofrecer servicios sexuales en la vía pública.
Al mismo tiempo Barcelona se presenta cómo un lienzo multicolor en donde tienen lugar múltiples funciones y usos urbanos, a los que la ciudad tiene que dar respuesta y adaptarse continuamente. El aumento de los flujos migratorios, se suma al del turismo, al de los directivos que acuden a convenciones y recepciones, los estudiantes erasmus etc…, lo cuál impulsa la implantación de nuevas formas de gobernabilidad territorial adaptados a las nuevas movilidades. La necesidad por parte del consistorio barcelonés de intentar controlar y neutralizar ese cuerpo heterogéneo de vidas, culturas, tiempos y edades que fluctúan a lo largo y ancho de la arena urbana, le obliga a aplicar medidas amplias y ambiguas de intervención socioespacial.
Barcelona se erige como una ciudad juvenil, abierta y cosmopolita, que transmite cierta frescura e incluye por igual una atmósfera mediterránea, diseño modernista, ambiente en la calle, eventos urbanos etc…En ese esfuerzo hercúleo que tiene como finalidad competir con las distintas urbes europeas en la atracción y reproducción de flujos de capital, conocimientos, consumo e información, se encuentra en la encerrona donde –cómo rezaba un mítico graffiti pintado en la Avenida Paral.lel: “Promocionamos lo que prohibimos y prohibimos lo que promocionamos”. En este sentido se perfila la contradicción a la que constantemente se somete el ayuntamiento de la ciudad; el ejemplo del skate, o de los graffiti nos sirven para sacar a relucir claramente esta situación.
Barcelona es conocida internacionalmente en el mundo del skate por albergar un urbanismo de espacios abiertos como la Plaza de Universitat, o Plaza de les Ángels (MACBA), que supone el terreno ideal para la práctica de este deporte y atrae en verano a miles de peregrinos ansiosos por disfrutar de su tabla.
Lo mismo ocurre con los graffiti, a los que incluso se presenta en exposiciones que lo elevan a la categoría de arte oficial, y se realizan eventos y encuentros –muchos promocionados por el municipio- que cuentan con las experiencias de graffiteros venidos de distintas partes del mundo. Este caché urbano y cultural que ostenta Barcelona, lo capitaliza en imagen, es decir, en marketing urbano que le ayuda a reinventar continuamente la idea internacional que produce la marca Barcelona.
Es en este marco donde se intenta desesperadamente buscar un equilibrio entre la explotación del libre desarrollo de las subjetividades urbanas y el mantenimiento de su control, aplicando en ocasiones una gestión punitiva del espacio urbano. Es precisamente ese amplio abanico de formas de entender la vida, de presentarse en sociedad, lo que deviene materia prima fundamental de ese Life style del que hace gala Barcelona en las pasarelas urbanas de medio mundo.
Una de las problemáticas más acusadas que presenta la implantación de la ordenanza es la tendencia de algunos de sus apartados, que parecen criminalizar y penalizar actitudes e incluso la mera presencia de algunas personas en la vía pública. En el caso de los lateros o el top manta, el peso de la ley recae sobre aquellos que representan el eslabón más débil de una cadena, donde además de encontrarse en una condición de vulnerabilidad social, se amplifican sus dificultades cuando pasan a ser protagonistas de las prácticas incívicas.
Asimismo, algunos de los artículos de la ordenanza aluden a expresiones públicas que devienen la esencia misma de la persona infractora, como por ejemplo, las trabajadoras sexuales y la mendicidad. El hecho mismo de ser un sin techo conlleva actuaciones como dormir en la calle o usar fuentes para limpiarse, así como las chicas que son calificadas de incívicas no por mantener una actitud, sino por ofrecer servicios sexuales en la vía pública.
Al mismo tiempo Barcelona se presenta cómo un lienzo multicolor en donde tienen lugar múltiples funciones y usos urbanos, a los que la ciudad tiene que dar respuesta y adaptarse continuamente. El aumento de los flujos migratorios, se suma al del turismo, al de los directivos que acuden a convenciones y recepciones, los estudiantes erasmus etc…, lo cuál impulsa la implantación de nuevas formas de gobernabilidad territorial adaptados a las nuevas movilidades. La necesidad por parte del consistorio barcelonés de intentar controlar y neutralizar ese cuerpo heterogéneo de vidas, culturas, tiempos y edades que fluctúan a lo largo y ancho de la arena urbana, le obliga a aplicar medidas amplias y ambiguas de intervención socioespacial.
Barcelona se erige como una ciudad juvenil, abierta y cosmopolita, que transmite cierta frescura e incluye por igual una atmósfera mediterránea, diseño modernista, ambiente en la calle, eventos urbanos etc…En ese esfuerzo hercúleo que tiene como finalidad competir con las distintas urbes europeas en la atracción y reproducción de flujos de capital, conocimientos, consumo e información, se encuentra en la encerrona donde –cómo rezaba un mítico graffiti pintado en la Avenida Paral.lel: “Promocionamos lo que prohibimos y prohibimos lo que promocionamos”. En este sentido se perfila la contradicción a la que constantemente se somete el ayuntamiento de la ciudad; el ejemplo del skate, o de los graffiti nos sirven para sacar a relucir claramente esta situación.
Barcelona es conocida internacionalmente en el mundo del skate por albergar un urbanismo de espacios abiertos como la Plaza de Universitat, o Plaza de les Ángels (MACBA), que supone el terreno ideal para la práctica de este deporte y atrae en verano a miles de peregrinos ansiosos por disfrutar de su tabla.
Lo mismo ocurre con los graffiti, a los que incluso se presenta en exposiciones que lo elevan a la categoría de arte oficial, y se realizan eventos y encuentros –muchos promocionados por el municipio- que cuentan con las experiencias de graffiteros venidos de distintas partes del mundo. Este caché urbano y cultural que ostenta Barcelona, lo capitaliza en imagen, es decir, en marketing urbano que le ayuda a reinventar continuamente la idea internacional que produce la marca Barcelona.
Es en este marco donde se intenta desesperadamente buscar un equilibrio entre la explotación del libre desarrollo de las subjetividades urbanas y el mantenimiento de su control, aplicando en ocasiones una gestión punitiva del espacio urbano. Es precisamente ese amplio abanico de formas de entender la vida, de presentarse en sociedad, lo que deviene materia prima fundamental de ese Life style del que hace gala Barcelona en las pasarelas urbanas de medio mundo.
jueves, 19 de febrero de 2009
Postfordismo y las 65 horas. Artículo publicado en el Setmanari La Directa en el mes de Diciembre del 2008
El 19 de diciembre se votará en el Parlamento Europeo la sonada directiva de las 65 horas, ante la incredulidad de gran parte de la población que en principio desecha la idea de su hipotética puesta en práctica. Un asunto que quizás no tiene la relevancia social y política que se merece, a lo que se suma un contexto de crisis global que sin duda no arroja luz de cara a mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras.
La razón de ser de esta directiva nace, por un lado, de la necesidad de moldear una mano de obra que tenga el menor índice de lastre posible a la hora de aceptar condiciones de flexibilidad, dinamismo y sumisión, virtudes que ya resultan imprescindibles para la producción postfordista. Deviene prioritario redibujar el mapa de los derechos laborales con una directiva donde la relación capital-trabajo se desregule, y como consecuencia los contratos adquieran un carácter puramente privado entre empresa y trabajador, borrando todo resto colectivo de la producción.
En segundo lugar la directiva se inscribe en un contexto con un claro tinte Neoliberal, que el capital europeo tiende a recrudecer al mercantilizar la gestión de los servicios públicos como la educación, la sanidad o los transportes. Sometiendo a la lógica del beneficio los últimos reductos vírgenes que forman parte del patrimonio común y colectivo de las personas, como también generando un fuerte impacto sobre grandes capas poblacionales a las que se dificulta su acceso a los bienes básicos
Tanto las 65 horas como la directiva de la vergüenza contra los migrantes, guardan entre sí una estrecha relación funcional al servir de tapadera jurídica con la que intentar controlar, dividir y constreñir a las multitudes contemporáneas equilibrando los flujos y tiempos del trabajo vivo.
Ambas actúan como una prótesis avanzada que mejora y otorga nuevos derechos al mando capitalista, que desesperadamente trata de someter a las subjetividades que ya no puede disciplinar, sino únicamente marcar los limites, neutralizar y controlar.
Dicho esto, no implica que de un día para el otro el escenario laboral mute por completo. Posiblemente se de un proceso gradual y heterogéneo, que poco a poco dibuje un mapa laboral europeo donde se llegue a naturalizar con el tiempo una realidad constituida como lineal y anacrónica, de igual manera que hoy día, la temporalidad es un ingrediente cotidiano para las nuevas generaciones.
Son los trabajadores emergentes, los que ya no disfrutan de convenios colectivos fordistas que garanticen cierta estabilidad, los que sufrirán de lleno la directiva al deshilacharse las mallas protectoras de las que disfrutaba el proletariado cuando vivía encerrado en la fábrica con el capital. Manteniendo la capacidad negociadora y de presión por convenios que, (sin animo de revocar tiempos pasados de manera gloriosa), si que aportaban cierta certidumbre de cara a poder planificar sus vidas.
* Seremos agentes libres nos dicen, que sin intermediario alguno tendremos que surcar las aguas del mercado sin más herramientas que poner en venta nuestras capacidades individuales, a expensas de lo que ofrezcamos sea lo suficientemente escaso para así lograr una relación contractual favorable. Pero en un mundo dominado por compradores (Capital), seremos muchos los que nos ahogaremos y nuestro oxígeno para sobrevivir viene envenenado al encontrarnos libremente coaccionados para aceptar jornadas y condiciones degradantes.
El Capital hegemoniza la falacia en la cuál el material de los ladrillos que edifican nuestras relaciones son individuales y privados, pero paradójicamente él mismo precisa para su funcionamiento parasitar nuestra producción construida colectivamente. En una sociedad como la nuestra donde la acumulación de capital tiende a residir dentro de un marco europeo, las luchas venideras y especialmente las que se libren contra las 65 horas deben enfrentarse en el campo de batalla donde se juega la realidad, que no es otro que Europa.
*Bifo “La fábrica de la infelicidad” Ed, Traficantes de sueños
La razón de ser de esta directiva nace, por un lado, de la necesidad de moldear una mano de obra que tenga el menor índice de lastre posible a la hora de aceptar condiciones de flexibilidad, dinamismo y sumisión, virtudes que ya resultan imprescindibles para la producción postfordista. Deviene prioritario redibujar el mapa de los derechos laborales con una directiva donde la relación capital-trabajo se desregule, y como consecuencia los contratos adquieran un carácter puramente privado entre empresa y trabajador, borrando todo resto colectivo de la producción.
En segundo lugar la directiva se inscribe en un contexto con un claro tinte Neoliberal, que el capital europeo tiende a recrudecer al mercantilizar la gestión de los servicios públicos como la educación, la sanidad o los transportes. Sometiendo a la lógica del beneficio los últimos reductos vírgenes que forman parte del patrimonio común y colectivo de las personas, como también generando un fuerte impacto sobre grandes capas poblacionales a las que se dificulta su acceso a los bienes básicos
Tanto las 65 horas como la directiva de la vergüenza contra los migrantes, guardan entre sí una estrecha relación funcional al servir de tapadera jurídica con la que intentar controlar, dividir y constreñir a las multitudes contemporáneas equilibrando los flujos y tiempos del trabajo vivo.
Ambas actúan como una prótesis avanzada que mejora y otorga nuevos derechos al mando capitalista, que desesperadamente trata de someter a las subjetividades que ya no puede disciplinar, sino únicamente marcar los limites, neutralizar y controlar.
Dicho esto, no implica que de un día para el otro el escenario laboral mute por completo. Posiblemente se de un proceso gradual y heterogéneo, que poco a poco dibuje un mapa laboral europeo donde se llegue a naturalizar con el tiempo una realidad constituida como lineal y anacrónica, de igual manera que hoy día, la temporalidad es un ingrediente cotidiano para las nuevas generaciones.
Son los trabajadores emergentes, los que ya no disfrutan de convenios colectivos fordistas que garanticen cierta estabilidad, los que sufrirán de lleno la directiva al deshilacharse las mallas protectoras de las que disfrutaba el proletariado cuando vivía encerrado en la fábrica con el capital. Manteniendo la capacidad negociadora y de presión por convenios que, (sin animo de revocar tiempos pasados de manera gloriosa), si que aportaban cierta certidumbre de cara a poder planificar sus vidas.
* Seremos agentes libres nos dicen, que sin intermediario alguno tendremos que surcar las aguas del mercado sin más herramientas que poner en venta nuestras capacidades individuales, a expensas de lo que ofrezcamos sea lo suficientemente escaso para así lograr una relación contractual favorable. Pero en un mundo dominado por compradores (Capital), seremos muchos los que nos ahogaremos y nuestro oxígeno para sobrevivir viene envenenado al encontrarnos libremente coaccionados para aceptar jornadas y condiciones degradantes.
El Capital hegemoniza la falacia en la cuál el material de los ladrillos que edifican nuestras relaciones son individuales y privados, pero paradójicamente él mismo precisa para su funcionamiento parasitar nuestra producción construida colectivamente. En una sociedad como la nuestra donde la acumulación de capital tiende a residir dentro de un marco europeo, las luchas venideras y especialmente las que se libren contra las 65 horas deben enfrentarse en el campo de batalla donde se juega la realidad, que no es otro que Europa.
*Bifo “La fábrica de la infelicidad” Ed, Traficantes de sueños
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